El diario El País publica hoy en su edición digital un artículo que reflexiona acerca del debate que se gesta en Europa a partir de la decisión del Reino Unido de subir las tasas que se pagan por las matrículas en las universidades inglesas, analizando comparativamente en el resto de Europa señalando que existe una diversidad de situaciones que van desde la gratuidad total, pasando por modelos mixtos o selectivos como el español que ha decidido cobrar una tasa mayor a los alumnos repetidores.
Esencialmente el debate se concentra en determinar si los beneficios de quien estudia en la universidad tiene un carácter individual y personal para quien obtiene una titulación universitaria, o por el contrario, ofrece beneficios públicos para toda la sociedad.
Al analizar este tema resulta inevitable referirse a los aportes de Howard Bowen respecto a los beneficios públicos y privados, individuales y sociales si se quiere, que surgen del tránsito de una persona por la universidad, desarrollando una matriz de beneficios que por una parte plantea la existencia de beneficios públicos y privados, mientras que por la otra identifica la generación de beneficios económicos y sociales proporcionados por la educación superior. Incluso, recientemente mediante un análisis de discursos hemos revisado los planes estratégicos de algunas universidades para identificar el tipo de beneficios que intentan alcanzar las instituciones de educación superior.
Sin embargo, siempre han existido posiciones intermedias que consideran a la educación superior como un bien mixto o semi público, en cuanto a los beneficios tanto personales como sociales que aporta, y además un bien preferente, es decir aquellos en los que es difícil valorar su beneficios en el largo plazo, mejoran la distribución del bienestar y en los cuales no es deseable la exclusión en cuanto a su consumo.
Así, surge en todo este debate las referencias a los sistemas de financiamiento de la educación superior y los sistemas de becas y ayudas a los estudiantes, especialmente respecto al papel que debe cumplir el Estado en el financiamiento de las universidades y cuanto es lo que deben pagar los estudiantes por sus estudios universitarios.
En mi personal opinión, las universidades deben ser públicas y financiadas por el Estado en consecuencia, donde los estudiantes sólo paguen una tasas mínimas de carácter administrativo pero no el coste de los créditos de cada plan de estudios. Una vez egresados e insertos en el mundo laboral, los profesionales ya titulados deben comenzar a pagar de sus ingresos laborales la financiación recibida en sus años de estudiantes, reajustada a los valores según el IPC.
Una matización importante sería que este mecanismo sólo puede ser aplicable para los créditos o asignaturas cursados en primera oportunidad, los alumnos repetidores deben pagar incrementalmente los costes si deben tomar una asignatura dos o más veces, por lo que el modelo que se aplicará en España me parece en ese sentido acertado.
Otra cuestión es analizar porque los alumnos repiten, especialmente cuando se debe en gran medida al trabajo que puedan realizar los profesores universitarios, respecto de lo cual también debieran plantearse medidas para los profesores con altas tasas de reprobación en sus cursos, lo que en mi personal opinión es un indicador claro de un mal trabajo por su parte.
