sábado, 16 de enero de 2010

Las universidades estatales chilenas tienen los aranceles más caros del mundo.

El día de ayer el diario La Tercera reproduce las declaraciones del Rector de la Universidad de Santiago (USACH) y Presidente del Consorcio de Universidades Estatales en Chile, acerca de los altos costos que los estudiantes universitarios y sus familias, deben afrontar en materia de pago de tasas y aranceles a las universidades estatales.
En términos generales, las universidades estatales en Chile reciben financiamiento público o estatal para sus presupuestos institucionales equivalente a menos del 20% en promedio, lo que obliga a estas instituciones de educación superior a generar recursos propios para cubrir el 80% restante, recursos que en la mayoría de los casos son generados por los propios estudiantes a través del pago de tasas y aranceles mensuales, los cuales perfectamente pueden acercarse a los 3 mil euros anuales, dependiendo de la carrera universitaria que se cursa.
A modo de ejemplo, durante los dos años que me correspondió participar como representante académico en el Consejo Académico de mi Universidad, pude observar como era tan clara y evidente esta relación, que por cada punto porcentual que se aumentaba el salario de los funcionarios de la universidad, para poder financiarlo se debía subir una cantidad equivalente el valor del arancel anual cobrado a los estudiantes, lo que hace incrementar ostensiblemente año a año el costo de estudiar una carrera universitaria en Chile.
La situación planteada en este ejemplo resulta más que paradójica, dado que el reajuste de salarios de los funcionarios universitarios se realiza de acuerdo a la variación de IPC y al reajuste que el Estado otorga a sus trabajadores, y dada que el personal de las universidades del Estado poseen la condición de funcionarios públicos, les corresponde un reajuste similar pero donde el Estado no aporta un centavo para financiar dicho ítem.
A mi juicio, esta extraña "dualidad" y ambigüedad de las universidades estatales en Chile es una de las principales problemáticas que se deben corregir, puesto que si bien para los efectos legales y administrativos estas universidades son controladas y fiscalizadas por diferentes organismos del Estado, al momento de hablar del financiamiento público de las universidades del Estado, la respuesta del Ministro de Hacienda de turno siempre es la misma: No hay más recursos, mostrando una y otra vez el nulo interés del Estado por aportar más financiamiento a "sus universidades".
Esta situación afecta especialmente a los jóvenes de más bajos recursos, quienes en muchas ocasiones por esa situación ni siquiera piensan en postular a la universidad, y para aquellos que lo logran, la búsqueda desesperada de financiamiento los obliga a incorporarse al perverso sistema del crédito con aval del Estado, que no es otra cosa que: "estudie ahora y pague cuando se titule", pero con valores reajustados a tasas que dan vergüenza. Y que decir del altísimo costo de los postgrados, para los cuales existen cada vez menos becas dado que las existentes se han privilegiado para los estudios en el extranjero a través del cada vez más cuestionado sistema "Becas Chile".
En general, entre los actores del sistema de educación superior público en Chile existe consenso tanto en el diagnóstico como en las soluciones para esta problemática, sin embargo la falta de voluntad política de todos los sectores en el poder ejecutivo y legislativo, ha impedido solucionar este problema de manera definitiva y de fondo, situación que definitivamente pasa porque el Estado aumente su aporte al financiamiento de los presupuestos institucionales de sus universidades, no a través de mecanismos indirectos o subvenciones parciales, sino que definitivamente incorporando el costo de funcionamiento de las universidades estatales al presupuesto de la Nación, lo que permitiría reducir considerablemente el costo de los aranceles que actualmente se cobra a los estudiantes para financiar los presupuestos de las universidades estatales.


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