Transparencia activa de las universidades estatales en Chile.

La semana pasada se dieron a conocer los resultados de la tercera fiscalización de la transparencia activa de las universidades estatales en Chile desarrollada por el Consejo para la Transparencia, de lo cual también informa el diario El Mercurio este último fin de semana. Un resumen con los resultados alcanzados se puede consultar aquí,
En los resultados entregados se destaca a la Universidad de Tarapacá como la institución universitaria chilena como mejores índices en la evaluación con un 99,57% de cumplimiento, no obstante la media de las 16 universidades estatales del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) sometidas a la evaluación solo alcanzó el 77,93%.

La fiscalización de la transparencia activa se realiza sobre los sitios web de las instituciones estatales a partir de la entrada en vigencia de la Ley 20.285 del año 2008, que establece en su art. 4º que "el principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley".

Asimismo, en el art. 7º de la misma ley se establecen todos los antecedentes que las instituciones públicas chilenas, incluídas las universidades estatales, deben poner a disposición en sus sitios web, destacando entre otros la estructura orgánica, las plantas de personal, contratación de servicios, transferencias de fondos públicos, actos y resoluciones, entre otros aspectos.

En este sentido, recientemente hemos publicado un artículo en la Revista Venezolana de Gerencia sobre la aplicación de un modelo de relación con los stakeholders de las universidades, donde se comparan dos grupos de universidades chilenas y españolas, donde se analizan diferentes contenidos de los sitios web de las instituciones universitarias como ámbito de relación con sus partes interesadas.

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Las universidades y los precios que cobran a sus estudiantes.

El financiamiento de las universidades es una de las temáticas que ha estado presente en los últimos meses en diferentes partes del mundo, especialmente a partir de los diferentes movimientos sociales que se han desarrollado a consecuencia de las crisis económica, y en donde los valores que las instituciones universitarias cobran a sus estudiantes ha estado permanentemente en la línea de fuego.

Hoy, en la prensa digital se hace referencia a dos casos especialmente paradigmáticos como el caso de los EE.UU. que el diario El País reseña en cuanto a los llamados de Barak Obama para que las universidades de aquel país rebajen los precios que cobran a los estudiantes, que según esta fuente alcanzan los 22.494 dólares (17.008 euros). Las quejas de los movimientos sociales norteamericanos se concentran especialmente respecto del creciente endeudamiento que adquieren los estudiantes universitarios norteamericanos, que ven como año a año los precios establecidos por las universidades exceden las ayudas otorgados por el Estado, y cuya diferencia debe ser financiada con recursos propios o préstamos bancarios a mediano y largo plazo.

Una situación similar es descrita por el diario La Tercera para el caso chileno, donde se señala que el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) han señalado como muy improbable el que se congelen los aranceles para el próximo curso académico, a pesar de que el movimiento estudiantil chileno a señalado esta situación como una de sus principales reivindicaciones.

Ambas situaciones, aunque corresponden a realidades nacionales absolutamente diferentes, reflejan la gran importancia social que tiene la fijación de los precios cobrados a los estudiantes, debido a que se transforma en un factor determinante en el nivel de endeudamiento que adquieren quiénes ingresan a la universidad, especialmente cuando los niveles de financiamiento y apoyo estatal son insuficientes.

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La crisis del sistema universitario chileno: ¿una oportunidad para la responsabilidad social universitaria?

Durante los últimos tres meses se ha desarrollado en Chile un movimiento social que busca que el Estado se comprometa con una educación pública, gratuita y de calidad, aspectos que evidentemente se consideran para todo el sistema educacional, incluida la Educación Superior y respecto de los cuales existen diversas opiniones y propuestas para solucionar este conflicto.

En ese contexto, parece interesante hacer hincapié sobre un aspecto que a mi juicio ha estado ausente o poco presente en la discusión, y que en el caso del sistema universitario chileno apunta al rol que han jugado y deben desempeñar en el futuro las universidades, especialmente las estatales, de cuyos Rectores poco se escucha en los medios con excepción de sus llamados a los estudiantes para deponer las tomas y normalizar el año académico a la brevedad, o las peticiones por obtener mayor flexibilidad frente a la fiscalización de la Contraloría General de la República.

Así, las universidades estatales parecieran estar más preocupadas en competir con las universidades privadas que en asumir un rol más activo en la sociedad, más concentradas en generar ingresos para autofinancierse que liderar a la sociedad desde la perspectiva del avance del conocimiento científico.

En cuanto a la responsabilidad social de las universidades, en un artículo que actualmente se encuentra en evaluación, defino a la responsabilidad social universitaria (RSU) como "un comportamiento desarrollado por la comunidad universitaria, tanto a nivel institucional como a nivel individual de cada uno de sus miembros que la integran, por el cual la universidad socialmente responsable debe revertir a la sociedad: (1) manteniendo una vinculación activa y permanente con la sociedad local en la cual se encuentra inserta; (2) respondiendo a las necesidades y demandas sociales de su entorno geográfico más cercano; (3) gestionando adecuadamente los impactos del quehacer universitario en la sociedad; y (4) fomentando el comportamiento socialmente responsable tanto al interior de la comunidad universitaria como en la sociedad local más próxima.

Así, algunas ideas que pueden ayudar a concretar la responsabilidad social de las universidades en relación con la actual crisis suscitado en Chile pueden ser entre otras:

Fortalecimiento del Gobierno Universitario Pluralista: Facilitar y fortalecer la participación de las partes interesadas tanto internas como externas en los principales procesos de toma de decisiones de la universidad, más allá de los organismos colegiados que se establezcan mediante via legal, abriendo espacios de consulta y retroalimentación de la opinión de la sociedad en decisiones tan relevantes para el funcionamiento universitario como la apertura o cierre de carreras, priorización de las líneas de investigación respecto de las problemáticas sociales locales, actualización o rediseño de planes curriculares, entre otros ámbitos.

Rendición de Cuentas: habitualmente el Rector da su cuenta anual a la Comunidad Universitaria y en ocasiones se paga un inserto en la prensa con el balance anual de la ejecución del presupuesto, lo cual es claramente insuficiente en términos de transparencia en materia de responsabilidad social. Entre otras cuestiones las universidades socialmente responsables debieran ofrecer acceso permanente a la información sobre su quehacer, especialmente por ejemplo sobre el Nº de alumnos socioeconómicamente vulnerables que recibe anualmente, la cantidad de alumnos que son apoyados sin coste por la universidad para nivelar sus competencias, el número de proyectos de investigación que efectivamente responden a las problemáticas relevantes para la sociedad local, información sobre la inserción laboral de sus titulados, o sobre la evolución de la política de reajuste de los aranceles, remuneraciones y precios públicos relativos a sus actividades, como algunos ejemplos respecto de los cuales las universidades deben rendir cuentas.

Inserción laboral de los titulados: si bien evidentemente no es misión de la universidad crear puestos de trabajo para sus titulados, si es responsabilidad de las instituciones de educación superior preocuparse por entregar a sus egresados las competencias y conocimientos específicamente demandados por el mercado laboral, actualizando y revisando permanentemente los planes de estudios y la oferta de carreras que posee la universidad, así como desarrollando estrategias para estrechar lazos y establecer puentes con las instituciones empleadoras tales como bolsas de trabajos, ferias o exposiciones de empleo, así como desarrollando políticas cíclicas o de "numerus clausus" en aquellas titulaciones con mercado de trabajo saturado, entre otras acciones que favorezcan este aspecto relacionado con el impacto de la formación universitaria en la sociedad.

Proyección social de la universidad: la mayoría de las universidades estructuran su funcionamiento respecto de las necesidades y requerimientos de los integrantes de sus propias comunidades universitarias (profesorado, estudiantes, personal de apoyo, directivos), situación que en muchas ocasiones exacerba la generación de una fuerte endogamia al interior de las universidades, confirmando la habitual imagen social de una torre de marfil con la cual la ciudadanía relaciona a estas instituciones. En cambio, la universidad socialmente responsable posee una fuerte orientación para abrirse hacia la sociedad, fortaleciendo los canales y espacios de comunicación e interacción con los diferentes actores sociales interesados o afectados por su misión, intentando desde el quehacer universitario ofrecer soluciones o colaboración en la resolución de diferentes problemáticas sociales que aquejan a la comunidad local, destacando entre otras acciones posibles el desarrollo de procesos de aprendizaje - servicio, fomento del voluntariado universitario o proyectos de cooperación al desarrollo.

Mayor liderazgo social: Por todos es conocido que las universidades poseen una misión concreta desde el punto de vista de su inserción dentro de la sociedad, y que por ejemplo desde el punto de vista de Ortega y Gasset se relaciona con la formación, la investigación y el fomento de la cultura. Sin embargo, la universidad socialmente responsable debe asumir un liderazgo importante dentro de cada sociedad con el propósito de construir sociedades más equitativas, justas y sustentables, por lo que las universidades deben abandonar los roles más bien pasivos y expectantes que habitualmente asumen frente a este tipo de procesos de cambios social, asumiendo el rol de liderazgo transformacional, crítico y propositivo que se requiere en este tipo de instancias o situaciones.

Evidentemente, son muchas las miradas que se pueden plantear acerca de los aspectos concretos en los que se puede llegar a expresar la RSU, por lo que cada universidad debe identificar aquellas cuestiones más específicas asociadas a cada caso, pero estas ideas generales pueden contribuir a iniciar tal desafío.

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El thriller de las universidades públicas chilenas.

Ayer, unos tres mil estudiantes universitarios, apelando a una enorme dosis de creatividad, coordinación, pero sobretodo un gran compromiso con la demanda de gratuidad de la educación universitaria en Chile, se reunieron frente al Palacio de Gobierno para manifestarse de una manera artística y pacífica, pero con un profundo mensaje respecto de cuál es la actual situación del sistema universitario chileno.



Durante las últimas semanas, gran parte de los campus de las universidades estatales chilenas permanecen en toma o movilizados por los estudiantes, como medida de presión para obtener respuesta a sus demandas, que se concentran especialmente en el fin al lucro de la educación en general, pero especialmente en este caso respecto de los altos aranceles que sus familias deben pagar, a causa del escasísimo financiamiento que el Estado chileno entrega a las universidades estatales, que en promedio solamente alcanza al 10%.



Cabe recordar que este año, se cumplen 30 años desde la última gran Reforma Universitaria en Chile realizada en 1981, aquella que entre otras cuestiones regionalizó a las universidades y que permitió el funcionamiento de las universidades privadas en el país, las que se supone son sin fines de lucro.



Lamentablemente, de acuerdo con las propuestas emanadas desde el Ministerio de Educación estos últimos días, el tema de fondo de este movimiento social acerca del fin del lucro en la educación en Chile, o si usted lo prefiere, que el Estado realice un decidido aumento del financiamiento estatal a las escuelas, liceos y universidades estatales no será abordado, siendo especialmente clarificadoras algunas de las declaraciones del Ministro de Educación sr. Joaquín Lavín respecto del tema del lucro en el sistema universitario chileno.



Sin embargo, el problema del lucro en la educación universitaria en particular, pero tampoco en el resto de los niveles de la educación en Chile en general, no tiene un claro eco en la agenda de la clase política chilena en general, debido a que desde la entrada en vigencia de las universidades privadas sin fines de lucro en Chile en 1981, muchos políticos tanto de la Concertación como del actual Gobierno tienen una importante participación capitalista en dichas instituciones, lo que hace que muestren un evidente desinterés por introducir cambios profundos en el sistema universitario, especialmente a nivel legislativo, o asuman una clara postura en defensa de esta situación, siendo más bien habitual observar su absoluto silencio respecto del tema.



Otro de los ejes centrales de las demandas de los universitarios chilenos, se concentra en el alto endeudamiento que adquieren por el hecho de estudiar una carrera de pregrado, situación que en un importante número de casos deben solventar durante largos años después de titulados, cuando no han logrado obtener una beca y en contrapartida, han tenido que optar por alguna de las diferentes formas de crédito que actualmente se encuentran disponibles en el sistema, y que curiosamente tienen en la Banca privada a uno de sus principales beneficiarios.



Así las cosas, incluso desde el extranjero se formulan importantes críticas y observaciones respecto de las falencias del sistema universitario chileno, en este caso por ejemplo las emanadas desde el Informe de la OCDE sobre la Educación Superior en Chile, publicado el año pasado.



En conclusión, parece evidente que el sistema universitario chileno necesita urgentemente una nueva Reforma, esta vez orientada a resolver sus problemas de fondo, a nuestro juicio priorizando dos grandes aspectos dentro de las múltiples falencias respecto de las cuales actualmente se plantean demandas:

1. Aumento del financiamiento del Estado a las universidades públicas, que permita reducir los altos aranceles que éstas cobran para poder autofinanciarse, lo que a su vez disminuirá la elevada carga económica que significa para los estudiantes y sus familias financiar los estudios universitarios, especialmente en el caso de quienes tienen menores ingresos.

2. Mejoramiento del sistema de fiscalización, y por ende mayor transparencia en dos elementos centrales del sistema universitario chileno: a) Control del lucro en las universidades privadas; y b) la calidad de la formación y los servicios que las universidades chilenas en general ofrecen a sus estudiantes, esto último a pesar de la existencia de un sistema nacional de acreditación de universidades y programas de pre y postgrado, coordinado por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) el cual creemos que a partir de su asignación a Agencias Acreditadoras privadas, transformó este proceso en un nuevo negocio dentro del sistema de Educación Superior en Chile.

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Estudiar una carrera universitaria por vocación o porque me dan una beca: ¿cuestión sólo de números?

Elegir una carrera universitaria es un problema que posee múltiples aspectos relacionados para los jóvenes que deciden ingresar a la universidad, entre los que destacan la vocación, el futuro campo laboral, las habilidades y aptitudes, la disponibilidad de financiamiento, y probablemente un largo número de etcétereas.

Sin embargo, en Chile frente al problema de la formación de profesores la ecuación a sido simplificado a un par de número: 100% de financiamiento para los alumnos que ingresan a pedagogía con más de 600 puntos en la prueba de selección universitaria (PSU), esa es la propuesta que formulará ayer el Ministro de Educación chileno, según informa La Tercera.

La propuesta ministerial evidentemente tiene sus bemoles, pero se traduce en un intento por corregir uno de los males endémicos de la formación de docentes en Chile: los bajos puntajes de ingreso de quienes deciden estudiar pedagogía, muy por debajo de otras profesiones que concentran la mayoría de los mejores puntajes tales como arquitectura, medicina, derecho, ingeniería por nombrar algunas de las carreras más demandas. La meta ministerial es atraer al 30% de los mejores puntajes anualmente.

La medida propuesta por el Ministerio de Educación chileno si bien es celebrada tanto por el Colegio de Profesores como por el principal Movimiento en pro de la educación en Chile denominado Educación 2020, aún es considerado insuficiente para corregir totalmente el problema de fondo, si bien coinciden en reconocerla como un avance importante.

A nuestro juicio, la cuestión de fondo está en determinar si es suficiente para asegurar la formación de profesores en Chile o cualquier lugar del mundo, el ofrecer becas completas a los mejores puntajes en la pruebas de selección, ignorando quizás otras variables tan importantes como las mencionados al comienzo, especialmente la vocación y las reales aptitudes para desempeñarse como un buen pedagogo.

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Reforma al sistema universitario chileno: universidades estatales versus las privadas.

Para nadie es un misterio que la educación superior en Chile necesita una reforma importante y profunda, situación que ya fuera demandada por la OCDE el año pasado cuando se dieron a conocer los resultados de su informe sobre el sistema universitario chileno, a lo que además se suman los reiterados planteamientos del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) acerca de la necesidad de que el Estado proporcione más apoyo a sus universidades. Anteriormente también en este blog hemos analizado algunos aspectos que a nuestro juicio resultan importantes de analizar para mejorar la educación superior chilena.

En este contexto, el diario La Tercera publica hoy una entrevista al nuevo Jefe de la División de Educación Superior (DIVESUP) del Ministerio de Educación Sr. Juan José Ugarte, en donde plantea que el actual Gobierno pretende impulsar una serie de reformas para fortalecer el sistema universitario chileno, sustentando sus propuestas básicamente en el Informe de la OCDE.

Uno de los objetivos de estas reformas es crear una nueva institucionalidad que básicamente reúne a las universidades públicas y privadas en un ente que se dedique a discutir y reflexionar sobre las políticas de educación superior referidas entre otros temas a la calidad de las universidades o el sistema de ingreso de nuevos estudiantes.

Esta modificación intenta resolver la antigua pugna entre el CRUCH y las universidades privadas, que desde la última reforma al sistema universitario en 1981 han presionado por tener mayor influencia y protagonismo en las decisiones que se toman en Chile respecto del sistema de educación superior, especialmente en lo que se refiere al sistema de selección e ingreso de los estudiantes y el financiamiento universitario.

No pareciéndome mal la diversidad de opiniones que permitan enriquecer el sistema universitario chileno y la políticas que deben implementarse en esa dirección, en este primer objetivo de la reforma del Gobierno existe un tema de fondo importante en cuanto a la institucionalidad: el respaldo decidido del Estado a sus universidades mediante el desarrollo de una política pública específica que las fortalezca y ubique en un sitial de excelencia. La propuesta del Gobierno en ese aspecto es ambigua y pareciera ir en la dirección contraria.

El otro gran objetivo inmediato de la reforma que pretende impulsar el Gobierno se relaciona con el financiamiento universitario a través de fondos concursables, algo que ya ocurre en la actualidad pero que mediante esta iniciativa se pretende consolidar y profundizar aún más.

De acuerdo con el nuevo Jefe de la DIVESUP actualmente las universidades chilenas reciben aportes directos del Estado equivalente al 32% de sus presupuestos y sólo un 19% mediante fondos concursables, situación que se pretende revertir, pero que deja a la luz el hecho de que el 49% restante del financiamiento de las universidades chilenas proviene de los propios estudiantes mediante el pago de aranceles o tasas académicas, algo impensable en los países de la OCDE de la zona europea por ejemplo en donde las universidades tienen la condición de servicio público, por lo que su financiamiento proviene en mayor medida de aportes directos del Estado y en muy baja proporción en relación con el pago de aranceles o tasas académicas.

La guinda del pastel la proporcionaría la modificación al sistema de becas y créditos, en donde básicamente la idea es entregar directamente los beneficios a los alumnos y no a las instituciones independiente de la universidad donde estudien, lo que les permitirá moverse de una institución a otra si lo desean. No me puede imaginar el asedio publicitario hacia los chicos que egresan de la enseñanza media y pretende ingresar a la universidad, ofreciéndoles todo tipo de regalías y beneficios para capturar ese "subsidio portable" como lo denomina el sr. Ugarte.

Además, se pretende priorizar las becas para los alumnos de escasos recursos o que estudien en carreras de alta rentabilidad social, mientras que los créditos serán destinados para los estudiantes de clase media o que estudian en carreras de alta rentabilidad privada.

No se señala con claridad en la entrevista como se medirán esas rentabilidades, aunque existen algunas investigaciones al respecto como la matriz de beneficios de la educación superior aportada por el Institute for Higher Education Policiy, y respecto de la cual hemos realizado algunos análisis sobre el concepto de responsabilidad social universitaria en la declaración de misión y visión de las universidades de la macro zona norte.

De esta manera, esperemos que los próximos meses se desarrolle un amplio debate en Chile en relación con esta Reforma por el bien de la educación superior del país, sin egoísmos ni intereses corporativos que suelen aflorar en este tipo de procesos.

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Los desafíos del nuevo Ministro de Educación chileno en materia de educación superior.

Uno de los efectos colaterales o secundarios del terrible terremoto acaecido hace casi dos semanas en Chile y que ha provocado cientos de muertos, decenas de desaparecidos y multimillonarios daños en infraestructura pública y privada, es que ha pasado a un segundo plano el cambio de mando efectuado hace tan sólo unas horas este jueves 11 de marzo, día en que se pone fin a 20 años de Gobiernos de la Concertación, con la gran incertidumbre en los resultados que pueda alcanzar el nuevo Gobierno de centro-derecha en las más diversas materias, especialmente aquellas más relacionadas con el ámbito social, sumado a las tareas de reconstrucción post-terremoto.

Uno de esos ámbitos sociales es la educación, que posee una gran cantidad de temas que quedan pendientes o abiertos de años anteriores, como la deuda por daño previsional a los profesores, la evaluación docente, la educación municipalizada y un sinnúmero de etc.
Sin embargo, en esta oportunidad me abocaré a plantear algunos de los temas que a mi juicio debieran ser tareas prioritarias para el nuevo Ministro de Educación chileno Sr. Joaquín Lavín en materia de Educación Superior. Es importante señalar que el principio rector de estas ideas, pasan fundamentalmente por la NO privatización de la educación superior, un fantasma que ha rondado desde hace algún tiempo, y que con este nuevo Gobierno pudiera acrecentarse, en cambio, nuestra postura es que debe existir un fortalecimiento generalizado de toda la educación pública, incluida la educación superior, para mejorar su calidad y hacerla más competitiva frente a la oferta privada. El Estado debe fortalecer la educación pública, no privatizarla.

1. Sistema de financiamiento universitario. No es posible que las universidades estatales reciban sólo un 20% en promedio de su financiamiento y el 80% restante se financie en base al cobro de aranceles a los propios estudiantes y sus familias. Es necesario invertir la pirámide, especialmente en aquellos casos de las universidades que acogen a una gran cantidad de estudiantes de escasos recursos, provenientes de establecimientos municipales, por lo que el financiamiento debiera privilegiar con becas a los alumnos de menores ingresos y créditos o préstamos con baja tasa de interés para alumnos con buen puntaje y situación económica media.
Evidentemente es necesario subrayar que sólo las universidades estatales deben recibir financiamiento del Estado, las universidades privadas deben generar sus recursos desde fuentes de financiamiento privadas.
2. Control en la creación de nuevas carreras. Para nadie es un misterio que existen determinadas titulaciones en las que existe una sobreoferta, más allá de lo que el mercado demanda y es capaz de absorber desde el punto de vista de la empleabilidad o contratación de los titulados universitarios, situación que debiera fiscalizarse a la hora de abrir nuevas carreras por parte de las universidades. Un caso especial y aparte son las carreras de pedagogía tanto presencial como vía e-learning y la elevada oferta que existe en el país para la formación de profesores, lo que sin dudas atenta contra la calidad de la formación de este perfil profesional.
3. Ingreso a las universidades: los últimos años la Prueba de Selección Universitaria (PSU) ha estado en el ojo del huracán por los más diversos motivos, y con ello también los mecanismos o criterios para que las universidades puedan “seleccionar” a los estudiantes, tal cual como cuando uno va a la feria e intenta escoger la fruta o la verdura de mejor calidad. La connotación de este proceso ha llevado a establecer el término de las universidades cota mil, para discriminar en el ingreso de aquellos postulantes que provienen de los colegios privados y que poseen una mejor preparación para la PSU y aquellos postulantes que provienen de los colegios municipalizados e subvencionados y que producto de una serie de problemáticas muchas veces ni siquiera logran entregarles todos los contenidos contemplados en
4. Marco jurídico y el fantasma omnipresente de la Contraloría General de la República (CGR): La legislación más importante del sistema universitario chileno data de 1981 cuando se crean las universidades regionales y se establecen una serie de mecanismos que facilitarían en años posteriores el desarrollo de universidades privadas en Chile. Han pasado casi 30 años y es necesario una serie de cambios en diversas temáticas relacionadas con el funcionamiento universitario: democratización del Gobierno Universitario, fortalecimiento de la gestión universitario a través de la creación de nuevas estructuras de carácter gerencial, desarrollo de estructuras para el mejoramiento de la transferencia tecnológica y el rol social de las universidades. Un caso aparte el de la CGR, es urgente liberar a las universidades estatales de una serie de casos en que deben someter a toma de razón y que les impide una alcanzar mayor agilidad de gestión y una mayor competitividad con las universidades privadas.
5. Fortalecimiento de la carrera de investigador: las universidades chilenas tienen claramente instaurado el perfil del docente universitario, no así el perfil de investigador y la posibilidad de que los académicos con las competencias necesarias para desarrollar investigación básica o aplicada, puedan concentrar su tiempo y capacidades en hacer lo que mejor saben: investigar. Este fortalecimiento incidiría directamente en una de las nuevas facetas del quehacer universitario: la transferencia tecnológica y la profundización en la cooperación con la industria y el mundo empresarial mediante el desarrollo de spin-off, incubadoras, etc.
6. Desarrollo de una cultura de rendición de cuentas y evaluación del desempeño: en general, las universidades son reacias a los procesos de evaluación del desempeño, y dar cuentas de lo que hacen en virtud de su misión, especialmente hacia la comunidad en general. Sin embargo, ya se ha instaurado en Chile la primera piedra de esta cultura: los procesos de acreditación, por lo que la mirada debiera estar puesta en fortalecer estos procesos profundizando en los aspectos relacionados con la transparencia y el acceso a la información acerca del quehacer de las universidades.

De esta manera, nos parece interesante contribuir aunque sea de forma modesta, al diálogo y discusión respecto de los cambios que deben producirse para que la educación superior estatal en Chile, avance hacia un nivel de mayor de eficiencia y excelencia en el corto plazo.

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Las universidades estatales chilenas tienen los aranceles más caros del mundo.

El día de ayer el diario La Tercera reproduce las declaraciones del Rector de la Universidad de Santiago (USACH) y Presidente del Consorcio de Universidades Estatales en Chile, acerca de los altos costos que los estudiantes universitarios y sus familias, deben afrontar en materia de pago de tasas y aranceles a las universidades estatales.

En términos generales, las universidades estatales en Chile reciben financiamiento público o estatal para sus presupuestos institucionales equivalente a menos del 20% en promedio, lo que obliga a estas instituciones de educación superior a generar recursos propios para cubrir el 80% restante, recursos que en la mayoría de los casos son generados por los propios estudiantes a través del pago de tasas y aranceles mensuales, los cuales perfectamente pueden acercarse a los 3 mil euros anuales, dependiendo de la carrera universitaria que se cursa.

A modo de ejemplo, durante los dos años que me correspondió participar como representante académico en el Consejo Académico de mi Universidad, pude observar como era tan clara y evidente esta relación, que por cada punto porcentual que se aumentaba el salario de los funcionarios de la universidad, para poder financiarlo se debía subir una cantidad equivalente el valor del arancel anual cobrado a los estudiantes, lo que hace incrementar ostensiblemente año a año el costo de estudiar una carrera universitaria en Chile.

La situación planteada en este ejemplo resulta más que paradójica, dado que el reajuste de salarios de los funcionarios universitarios se realiza de acuerdo a la variación de IPC y al reajuste que el Estado otorga a sus trabajadores, y dada que el personal de las universidades del Estado poseen la condición de funcionarios públicos, les corresponde un reajuste similar pero donde el Estado no aporta un centavo para financiar dicho ítem.

A mi juicio, esta extraña "dualidad" y ambigüedad de las universidades estatales en Chile es una de las principales problemáticas que se deben corregir, puesto que si bien para los efectos legales y administrativos estas universidades son controladas y fiscalizadas por diferentes organismos del Estado, al momento de hablar del financiamiento público de las universidades del Estado, la respuesta del Ministro de Hacienda de turno siempre es la misma: No hay más recursos, mostrando una y otra vez el nulo interés del Estado por aportar más financiamiento a "sus universidades".

Esta situación afecta especialmente a los jóvenes de más bajos recursos, quienes en muchas ocasiones por esa situación ni siquiera piensan en postular a la universidad, y para aquellos que lo logran, la búsqueda desesperada de financiamiento los obliga a incorporarse al perverso sistema del crédito con aval del Estado, que no es otra cosa que: "estudie ahora y pague cuando se titule", pero con valores reajustados a tasas que dan vergüenza. Y que decir del altísimo costo de los postgrados, para los cuales existen cada vez menos becas dado que las existentes se han privilegiado para los estudios en el extranjero a través del cada vez más cuestionado sistema "Becas Chile".

En general, entre los actores del sistema de educación superior público en Chile existe consenso tanto en el diagnóstico como en las soluciones para esta problemática, sin embargo la falta de voluntad política de todos los sectores en el poder ejecutivo y legislativo, ha impedido solucionar este problema de manera definitiva y de fondo, situación que definitivamente pasa porque el Estado aumente su aporte al financiamiento de los presupuestos institucionales de sus universidades, no a través de mecanismos indirectos o subvenciones parciales, sino que definitivamente incorporando el costo de funcionamiento de las universidades estatales al presupuesto de la Nación, lo que permitiría reducir considerablemente el costo de los aranceles que actualmente se cobra a los estudiantes para financiar los presupuestos de las universidades estatales.

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