jueves, 11 de marzo de 2010

Los desafíos del nuevo Ministro de Educación chileno en materia de educación superior.

Uno de los efectos colaterales o secundarios del terrible terremoto acaecido hace casi dos semanas en Chile y que ha provocado cientos de muertos, decenas de desaparecidos y multimillonarios daños en infraestructura pública y privada, es que ha pasado a un segundo plano el cambio de mando efectuado hace tan sólo unas horas este jueves 11 de marzo, día en que se pone fin a 20 años de Gobiernos de la Concertación, con la gran incertidumbre en los resultados que pueda alcanzar el nuevo Gobierno de centro-derecha en las más diversas materias, especialmente aquellas más relacionadas con el ámbito social, sumado a las tareas de reconstrucción post-terremoto.
Uno de esos ámbitos sociales es la educación, que posee una gran cantidad de temas que quedan pendientes o abiertos de años anteriores, como la deuda por daño previsional a los profesores, la evaluación docente, la educación municipalizada y un sinnúmero de etc.
Sin embargo, en esta oportunidad me abocaré a plantear algunos de los temas que a mi juicio debieran ser tareas prioritarias para el nuevo Ministro de Educación chileno Sr. Joaquín Lavín en materia de Educación Superior. Es importante señalar que el principio rector de estas ideas, pasan fundamentalmente por la NO privatización de la educación superior, un fantasma que ha rondado desde hace algún tiempo, y que con este nuevo Gobierno pudiera acrecentarse, en cambio, nuestra postura es que debe existir un fortalecimiento generalizado de toda la educación pública, incluida la educación superior, para mejorar su calidad y hacerla más competitiva frente a la oferta privada. El Estado debe fortalecer la educación pública, no privatizarla.

1. Sistema de financiamiento universitario. No es posible que las universidades estatales reciban sólo un 20% en promedio de su financiamiento y el 80% restante se financie en base al cobro de aranceles a los propios estudiantes y sus familias. Es necesario invertir la pirámide, especialmente en aquellos casos de las universidades que acogen a una gran cantidad de estudiantes de escasos recursos, provenientes de establecimientos municipales, por lo que el financiamiento debiera privilegiar con becas a los alumnos de menores ingresos y créditos o préstamos con baja tasa de interés para alumnos con buen puntaje y situación económica media.
Evidentemente es necesario subrayar que sólo las universidades estatales deben recibir financiamiento del Estado, las universidades privadas deben generar sus recursos desde fuentes de financiamiento privadas.
2. Control en la creación de nuevas carreras. Para nadie es un misterio que existen determinadas titulaciones en las que existe una sobreoferta, más allá de lo que el mercado demanda y es capaz de absorber desde el punto de vista de la empleabilidad o contratación de los titulados universitarios, situación que debiera fiscalizarse a la hora de abrir nuevas carreras por parte de las universidades. Un caso especial y aparte son las carreras de pedagogía tanto presencial como vía e-learning y la elevada oferta que existe en el país para la formación de profesores, lo que sin dudas atenta contra la calidad de la formación de este perfil profesional.
3. Ingreso a las universidades: los últimos años la Prueba de Selección Universitaria (PSU) ha estado en el ojo del huracán por los más diversos motivos, y con ello también los mecanismos o criterios para que las universidades puedan “seleccionar” a los estudiantes, tal cual como cuando uno va a la feria e intenta escoger la fruta o la verdura de mejor calidad. La connotación de este proceso ha llevado a establecer el término de las universidades cota mil, para discriminar en el ingreso de aquellos postulantes que provienen de los colegios privados y que poseen una mejor preparación para la PSU y aquellos postulantes que provienen de los colegios municipalizados e subvencionados y que producto de una serie de problemáticas muchas veces ni siquiera logran entregarles todos los contenidos contemplados en
4. Marco jurídico y el fantasma omnipresente de la Contraloría General de la República (CGR): La legislación más importante del sistema universitario chileno data de 1981 cuando se crean las universidades regionales y se establecen una serie de mecanismos que facilitarían en años posteriores el desarrollo de universidades privadas en Chile. Han pasado casi 30 años y es necesario una serie de cambios en diversas temáticas relacionadas con el funcionamiento universitario: democratización del Gobierno Universitario, fortalecimiento de la gestión universitario a través de la creación de nuevas estructuras de carácter gerencial, desarrollo de estructuras para el mejoramiento de la transferencia tecnológica y el rol social de las universidades. Un caso aparte el de la CGR, es urgente liberar a las universidades estatales de una serie de casos en que deben someter a toma de razón y que les impide una alcanzar mayor agilidad de gestión y una mayor competitividad con las universidades privadas.
5. Fortalecimiento de la carrera de investigador: las universidades chilenas tienen claramente instaurado el perfil del docente universitario, no así el perfil de investigador y la posibilidad de que los académicos con las competencias necesarias para desarrollar investigación básica o aplicada, puedan concentrar su tiempo y capacidades en hacer lo que mejor saben: investigar. Este fortalecimiento incidiría directamente en una de las nuevas facetas del quehacer universitario: la transferencia tecnológica y la profundización en la cooperación con la industria y el mundo empresarial mediante el desarrollo de spin-off, incubadoras, etc.
6. Desarrollo de una cultura de rendición de cuentas y evaluación del desempeño: en general, las universidades son reacias a los procesos de evaluación del desempeño, y dar cuentas de lo que hacen en virtud de su misión, especialmente hacia la comunidad en general. Sin embargo, ya se ha instaurado en Chile la primera piedra de esta cultura: los procesos de acreditación, por lo que la mirada debiera estar puesta en fortalecer estos procesos profundizando en los aspectos relacionados con la transparencia y el acceso a la información acerca del quehacer de las universidades.

De esta manera, nos parece interesante contribuir aunque sea de forma modesta, al diálogo y discusión respecto de los cambios que deben producirse para que la educación superior estatal en Chile, avance hacia un nivel de mayor de eficiencia y excelencia en el corto plazo.
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