La crisis económica parece haber encontrado en España a su hija predilecta y se resiste a abandonarla en su extendida agonía, causada quizá sólo en parte por sus efectos, que encontraron el caldo de cultivo perfecto en un país que vivía en una burbuja, no sólo inmobiliaria, sino que también política, social y por supuesto económica.
Así las cosas, los esfuerzos por estabilizar las cuentas públicas han llevado al Gobierno de Zapatero a iniciar un fuerte plan de ajustes, popularme conocido como tijeretazo, que busca recortar el gasto público en casi todos los sectores, presionado por el Gobierno de la Unión Europea y por los informes de organismos internacionales que señalaban a este proceso como la única opción para rescatar al país de su crítica situación.
En ese contexto, las universidades no han escapado de los recortes y hoy El País dedica dos artículos para describir como el sistema universitario español se hunde cada vez más, agobiado por la implementación del Plan Bolonia, así como por la creciente diferencia de competitividad entre las universidades españolas y las del resto del planeta.
En una de las
editoriales se analiza la errática asignación de los campus de excelencia, una de las medidas consideradas en la
Estrategia Universidad 2015, diseñada con el propósito principal de aumentar la competitividad de la universidad española frente al resto de instituciones de educación superior a nivel mundial, y para lo cual dicha estrategia pretendía seleccionar unas pocas universidades e invertir en ellas recursos para elevar su nivel y mejorar los resultados obtenidos en los diferentes rankings internacioales, que año tras año ubican a las universidades de España en lugares sumamente relegados.
A juicio de dicha editorial, dos son las medidas que permitirían mejorar la competitividad de las universidades españolas: (1) aumentar el gasto en educación superior, ubicándolo al mismo nivel que el resto de universidades del continente; y (2) Mayor eficiencia en el gasto de los fondos públicos asignados, para responder de mejor manera a las demandas sociales.
Lamentablemente, en un segundo artículo el mismo periódico describe con especial detalle
la universidad anda sin oxígeno, para señalar como el Ministerio de Educación será incapaz justamente de dar cumplimiento a la primera de las medidas señaladas anteriormente: no podrá aportar los 2.400 millones de euros que son necesarios para acercarse al nivel de las universidades de los países más avanzados.
El reportaje describe los continuos y crecientes recortes presupuestarios que sufren las universidades españolas desde el año 2006, tanto desde el Ministerio, como especialmente desde las Comunidades Autónomas de quienes proviene la ayor parte del presupuesto.
Por el contrario, las universidades y sus equipos rectorales se encuentran sumidas en la preparación de planes de austeridad presupuestaria, postergación de inversiones en infraestructura, recortes de personal de todo tipo, y sin embargo no se ha efectuado uno de los ajustes más reclamados por el Ministerio de Educación: la racionalización de la oferta de carreras. Lo más preocupante, es que la principal razón para no realizar este ajuste clave alude fundamentalmente a que "en el Gobierno de las universidades pesa mucho más la satisfacción de los intereses internos que la atención a las necesidades de la sociedad".
Lamentablemente, los primeros resultados de la investigación que actualmente desarrollo en relación con mi tesis doctoral, que tiene por propósito analizar la relación de la universidad con la sociedad desde la perspectiva de la responsabilidad social universitaria, apuntan a una situación similar, dado que los discursos de los sindicatos, asociaciones de vecinos, asociaciones de profesionales, ONGs, Administraciones Públicas e Institutos de Educación Secundaria que he entrevistado hasta la fecha confirman esta situación, señalando entre otras cuestiones que la universidad está de espaldas a la sociedad, que la universidad como institución no se muestra interesada por las necesidades de la sociedad, y que la universidad considera no tiene otra responsabilidad social que la de entregar los títulos profesionales a las personas que lo requieren, mediante procesos de enseñanza excesivamente teóricos.
A mi juicio, la incógnita no es saber cuando las universidades accederán a implementar estos cambios, sino hasta cuando la sociedad les mantendrá el estatus de una institución importante y necesaria para la sociedad, pero que a su vez no demuestra un interés y compromiso real por satisfacer las demandas de esa sociedad, privilegiando por contrario los intereses internos de los grupos de poder enquistados en las universidades.
